Causa Contratos: La Asociación de la Magistratura cree que la competencia es provincial pero no habrá pronunciamiento oficial

Las principales autoridades de la Asociación de la Magistratura y la función pública de Entre Ríos consideran que la competencia para entender en la causa que investiga los contratos de la Legislatura es de la Justicia provincial, pero no habrá por ahora pronunciamiento institucional según se informó a APF Digital.

La entidad salió en su momento a respaldar a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y quedó descolocada por los acontecimientos posteriores.

La Asociación de la Magistratura no ha discutido institucionalmente la situación planteada entre la Justicia provincial y la Federal por la causa “Contratos”. Sin embargo, las máximas autoridades de la entidad ha evaluado en conversaciones informales que la competencia debe mantenerse en la provincia.

Pese a este consenso sotto voce, no habrá posicionamiento público dado que es un tema que deberá, tarde o temprano, definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Entienden que no se trata de un problema institucional que requiera de una manifestación expresa de la Asociación.

· La disputa

Tanto el juez federal Daniel Alonso como la jueza provincial Marina Barbagelata reclaman para sí la competencia para llevar adelante la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través de contrataciones ficticias de personal en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018.

En el último cruce de resoluciones, Alonso invitó a Barbagelata a que remita el expediente a la Corte Suprema, a fin de que sea el máximo tribunal nacional quien defina dónde debe tramitar la causa. Esto se debe a que la Corte es el único superior jerárquico común de ambos juzgados.

Sin embargo, en los Tribunales provinciales aseguran que Barbagelata esperará que sea la CSJN quien le requiera las actuaciones. Antes no las girará. Esta situación es poco común, ya que en una disputa de competencia positiva (es decir cuando dos juzgados se arrogan el derecho de llevar adelante un caso) es de uso que no se genere un conflicto de remisión.T

También revela el camino gris que se registra en estas situaciones ante la falta de una ley nacional de competencia que aclare qué hacer en cada situación.

· Antecedentes

A raíz de la causa “Contratos”, la entidad que agrupa a la magistratura y al funcionariado judicial de Entre Ríos salió en dos oportunidades en defensa de los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) que llevaban adelante la investigación.

La primera fue en noviembre de 2018 por el pedido de destitución que finalmente esquivó el Procurador General Jorge García y ante el planteo de apartamiento de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche que hicieron los abogados defensores de los imputados por el vínculo que tendría la letrada con uno de los imputados en la investigación, Pedro Opromolla.

La segunda fue unos días después. Allí denunció que había “divulgación de información apócrifa” a través de los medios de comunicación que se habían hecho eco de la relación entre Goyeneche y Opromolla. La fiscal había dicho incluso en una audiencia que existían “mafias” que actuaban contra la investigación.

Pero unos meses más tarde la fiscal anticorrupción terminó reconocimiendo que el vínculo era real y se apartó de la causa. La Asociación de la Magistratura se mantuvo entonces en silencio.

· Entendimiento

En Tribunales mencionan que hubo un momento de estrecho acercamiento entre la actual conducción de la entidad y el Ministerio Público Fiscal. Fue durante la elección de 2018, primera vez que dos listas participaron por la dirección de la Asociación de la Magistratura.

Allí el MPF puso sobre la mesa el verticalismo que genera la precariedad de la designación de fiscales para sumar votos a la lista “Trabajo y Compromiso Judicial” a cambio de la representación que la Asociación tiene en el Consejo de la Magistratura.

Finalmente, “Trabajo y Compromiso Judicial” se impuso en el comicio por amplio margen por sobre “Independencia y Participación”. Y Cecilia Goyeneche continuó como consejera en el Consejo de la Magistratura acompañada por Alberto Adrián Welp. Goyeneche llegó a ser en un momento Procuradora General Adjunta; fiscal anticorrupción y vicepresidenta del órgano que selecciona jueces y funcionarios en la provincia.

Luego del episodio con la causa “Contratos”, la conducción electa en 2018 continuó al frente de la Asociación, renovando en 2020 su mandato. En esta oportunidad, la jueza de Casación Marcela Davite ocupó el lugar de Goyeneche en el Consejo de la Magistratura, mientras que Welp permaneció en el suyo. (APFDigital)

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