TOMA DE CAMPOS: UN CAMINO QUE AGRAVA LA CRISIS.

El conflicto que se está desarrollando en Entre Ríos a partir de la presencia de organizaciones sociales de Buenos Aires que han “desembarcado” en la provincia trayendo agenda y problemas ajenos –hasta hoy- a los entrerrianos pretendiendo colar en  una disputa familiar  de la mano de personajes vinculados al gobierno nacional como Juan Grabois ,  Victoria Donda y otros, es representativo del profundo estado de crisis económica y política en el que se encuentra Argentina, a la vez de reflejar la peor imagen para un gobierno (y un país) que debe dar demostraciones claras de seriedad, conducción, apego a la constitución y la ley y tranquilidad a fin de generar un clima favorable de inversiones posible y evitar el éxodo de éstas.

En este contexto de grave crisis, el gobierno se ocupa de cosas que no debería ocuparse.  No toma medidas que den un corte a este tipo de actos o que al menos los desalienten. Antes bien, parece sentirse cómodo y no denuncia en consecuencia acciones que violentan la constitución y la ley ya que es indudable que este accionar, similar a otras situaciones producidas en otros puntos del país, cuentan con la complicidad de los gobiernos nacional y provincial que se muestran incapaces de poner límite y racionalidad en su propio espacio político, con actores como Grabois que a diario dañan al gobierno, al país y en este caso a la producción.

Es inaceptable que un conflicto familiar que debe resolverse en el marco judicial, sea la excusa elegida para la toma de tierras y el desarrollo de un macabro arsenal mediático-discursivo que tiene por fin atacar al agro y sus actores, principal sostén de la economía nacional y provincial.  Hoy perversamente cuelan en un conflicto familiar, mañana podrá ser cualquier otro establecimiento o propiedad que les resulte funcional a estos foráneos aprovechadores de la pobreza.

Permitir que se agraven los conflictos en la sociedad es de una alta irresponsabilidad. No asumir una defensa clara de la propiedad afecta las posibilidades de desarrollo.  Nada positivo traen estos hechos, ni siquiera el costo de violar la ley y la constitución traerán la solución a los problemas laborales y de vivienda a los involucrados en las tomas y usurpaciones que se observan en varios lugares. Solo miedo y zozobra para muchos y retracción – o éxodo- de cualquier proceso de inversión que toda economía requiere para generar trabajo genuino y decente.

Lo que defendemos como Unión Cívica Radical es la institucionalidad, los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Preocupa sobre manera, la actitud de funcionarios nacionales que han actuado en favor de unas de las partes y más preocupa la actitud del Gobierno Nacional que no da explicaciones o sale a rechazar estas conductas que van en contra de todo apego a los principios  republicanos.

La pasividad y permisividad oficial agrava todos nuestros males, no ayuda atenuar las diferencias y enfrentamientos en el seno de sociedad.

 Octubre, 24 de 2020.

COMITE DEPARTAMENTAL DIAMANTE

UNION CIVICA RADICAL

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