Requiere se adopten medidas para el restablecimiento de los servicios.

Lacoste reclama por el funcionamiento de Osplad.
El diputado nacional, Jorge Lacoste (UCR-Entre Ríos), solicitó al ministerio de Salud de la Nación y a la Superintendencia de Servicios de Salud que intervengan ante la falta de prestaciones de los servicios a los afiliados a la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), y que se investiguen los motivos que originaron la situación en la que se encuentra.

Lacoste, con el acompañamiento de sus pares de bancada, Gabriela Lena y Atilio Benedetti, presentó en ese sentido, un proyecto de Resolución en la cámara de Diputados de la Nación en el que formuló ese pedido «para que en forma urgente y en el menor plazo se restablezcan los servicios y prestaciones a los afiliados de OSPLAD».

Tamien propicia que se de intervención al Defensor del Beneficiario, cargo creado en el año 2007, para que asista los reclamos de los beneficiarios afectados por la falta de prestaciones; «y que se inicien las investigaciones correspondientes, para determinar si hubo responsabilidad de Organismos del Estado, que por acción u omisión permitieron llegar a la situación actual de desprotección de los afiliados a la obra social».
El proyecto de Resolución también expresa; «Si se determina que algún/os Organismo/s del Estado con sus acciones u omisiones, dilaciones, inobservancia de las normas legales vigentes, etc. permitieron llegar a la situación actual de la obra social, se actúe administrativa y/o judicialmente sobre la responsabilidad de los funcionarios a cargo de los mismos».
Finalmente requiere que se informe sobre lo actuado por el Ministerio de Salud y por la Superintendencia de Servicios de Salud para evitar la falta de prestaciones de los servicios a los afiliados de la obra social; y que en un plazo de TREINTA (30) días se informe sobre el estado y situación de la obra social, su funcionamiento actual y posibilidades de seguir prestando los servicios a sus afiliados.
FUNDAMENTOS. Lacoste fundamentó este proyecto en las denuncias recibidas personalmente en comunicaciones con afiliados y por publicaciones en medios periodísticos, que detalló en el contenido de sus argumentaciones como así también del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos”, que, con fecha 9 de septiembre de 2020, publicó un Informe sobre el OSLPAD donde comunican que el día 28/08/2020 se presentó la convocatoria de acreedores y detallan: deudas a cobrar por pesos UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700)
millones y otras situaciones que la llevaron al des financiamiento actual.
También hizo referencias a propuestas legislativas de los entonces diputados, Fabián Rogel y Ricardo Alfonsín en relación a este tema, que fueron destinados a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y que no tuvieron tratamiento pese a la gravedad del asunto.
Después de recordar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho a la protección integral de la familia y la obligación del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social; y a los tratados internacionales en la materia, Lacoste mencionó decisiones de gestiones anteriores como la de Néstor Kirchner, quien creó la figura del “Defensor del Beneficiario”, y de Cristina Fernández de Kirchner, quienpor Decreto N° 366/12, transfiere la Administración de Programas Especiales (APE) al ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud y en Julio por Decreto N° 1.198/12 dispone la absorción de la Administración de Programas Especiales dentro de la estructura
organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud en jurisdicción del Ministerio de Salud.
Lacoste concluyó: «De acuerdo a las publicaciones periodísticas, se describen los problemas de los afiliados y de los empleados de la obra social. Los primeros que no acceden a los servicios de salud y los segundos que no cobran sus salarios en tiempo y forma, más la publicación del Centro de jubilados, donde se reconoce el desfinanciamiento, la falta de prestaciones a los afiliados y la convocatoria de
acreedores presentada, nos muestra el desamparo en que se encuentran miles de afiliados activos y pasivos. En las mismas se detallan deudas que provincias y establecimientos privados tendrían con la obra social, más la falta de actualización de la cápita del AnSES para la atención de los jubilados y pensionados desde hace varios años».

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