Columna de opinión / No quieren más justicia, quieren más poder / Por María Alejandra Viola / Ex Diputada provincial Cambiemos

Existe un aspecto en nuestra vida republicana que trasciende a los gobiernos de turno, la justicia funciona mal, y eso lo sabe cualquier ciudadano que no consigue respuestas frente a los hechos de inseguridad – que cada vez son más frecuentes-, frente a la vulneración de sus derechos, el ejercicio de sus libertades.
A la vez, venimos siendo espectadores de cómo muchas veces la justicia se ha moldeado al órgano ejecutivo en el poder. Pero hoy se vislumbra la aparición de un condimento explosivo en la pretendida reforma judicial. No se trata del fortalecimiento del principio constitucional de afianzar la justicia, ni de acercarla a la sociedad. La intención que los mueve es: alinear el poder judicial y encadenar su esencia que es la independencia.
La sociedad pide justicia, pide que los jueces hagan su trabajo, que cumplan con los plazos legales, que apliquen el sentido común y nada de esto se encuentra en el debate de la reforma actual. Este proyecto es tan importante que merece que se establezcan espacios de debate e intercambio de ideas con catedráticos, universidades, investigadores, organizaciones intermedias vinculadas al tema y, por supuesto, los representantes circunstanciales que los ciudadanos tenemos en el Congreso.
Los tiempos que corren y la grave situación de la justicia en nuestro país, requiere que se permita un debate de la sociedad sobre el tema. La oposición tuvo un rol muy importante al solicitarle al gobierno que retire el proyecto del Congreso. Ahora es necesario hacer partícipe a la sociedad y llamar a un debate que es la única forma de realizar un verdadero cambio.
En la pretendida reforma se busca ni más ni menos que garantizar un interés único y determinado: la impunidad de toda una gestión de gobierno que ha dejado a un país con mayor debilidad institucional. El camino que encontraron para ello, es robustecer Comodoro Py, área estratégica del control político y judicial, donde se deciden las causas de corrupción que preocupan a la cúpula oficialista.
El gobierno quiere un Comodoro Py más musculoso y con ese fin crea, entre otros, 23 juzgados nuevos para Capital Federal. Manda a cubrir esos cargos con subrogantes (suplentes) de cargos que jamás estuvieron ocupados con titulares, por la simple razón que no existen aún. Esta determinación genera conflicto de poderes y va al choque con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra de una justicia provisoria, de interinatos que violan la garantía del juez natural, del derecho de acceso a la jurisdicción.
Es cierto que necesitamos una reforma, pero la verdadera reforma que necesitamos es estructural, es interdisciplinaria y de largo plazo. Y por otro lado es sistémica, de implementación efectiva del Sistema Acusatorio y para ello ya hay un Código aprobado. Sobre él tenemos la obligación republicana de hacerlo efectivo, ya que cumple con el mandato inspirado en los instrumentos internacionales de obtener justicia en un plazo razonable, con la meta de accesibilidad a la justicia. Dicho Código también cumplió con una decisión política, la de tener para su aprobación el consenso de todo el arco de la sociedad civil, actores judiciales e institucionales.
Pero este proyecto va en el sentido contrario, y se advierte que una de las motivaciones es trabar la implementación efectiva del nuevo sistema de enjuiciamiento penal y ya hay un hecho que lo demuestra. El sistema acusatorio requiere de fiscales, quienes van a tener la acción pública en sus manos, los que van a llevar adelante la acusación y la imputación. Los jueces en este sistema serán de garantía. Por eso necesitamos más fiscales y este proyecto va en el sentido contrario de operativizar ese Código.
Evidentemente al gobierno le molesta lo que implica en términos de República un Sistema Acusatorio. Le molesta los controles cruzados que implican las partes contendientes, fiscales con jueces garantizando, jueces juzgando en la etapa de juicio, la accesibilidad a la causa, el debate público. Y esto está probado en las provincias que lo han implementado, como la nuestra que -sin ser la panacea ya que sigue habiendo déficit en las investigaciones y en la posibilidad de determinar al autor- ha generado mayor celeridad en la obtención de sentencias.
No podemos permitir que la Argentina reincida en inconstitucionalidades, no podemos permitir una justicia temporaria, endeble, sin jueces independientes. Ya que el proyecto que impulsa el gobierno no solo es riesgo de impunidad para las causas que están en trámite y de las que vendrán, sino que nos pone en riesgo a ser sometidos a una justicia que ponga en peligro las libertades de nuestro país.
Y esta tramposa iniciativa se está dando en el marco de una economía argentina que está atravesando por la depresión más grave de toda su historia. Si bien tenemos una larga tradición de recesiones y caídas económicas, nunca antes en toda la historia argentina se había destruido tanta riqueza en tan poco tiempo. El gobierno insiste en afirmar que el problema es la pandemia y no la cuarentena. Sin embargo, de ser así, no se explica cómo una pandemia que por definición impactó en todos los países del planeta hará caer a la economía argentina entre dos y tres veces más que el promedio mundial.
Es tan grave la caída económica que, sumado al estancamiento de largo plazo que muestra la economía argentina desde el año 2011, la riqueza promedio de todos los argentinos, será este año equivalente a la de 1998. Es decir que hemos retrocedido 22 años.
Excepto Venezuela, no hay otro país en la región que experimente una decadencia económica y social tan notable como la de Argentina. El gobierno intenta permanentemente diferenciarse del gobierno chavista y tildar de irresponsables a quienes hacen alguna comparación de este estilo, pero lo cierto es que las comparaciones se hacen solas. Los números están ahí. Y en Argentina, el gobierno le adicionó dos factores agravantes. En primer lugar, una de las cuarentenas más estrictas, largas y a la postre más ineficientes del mundo. En segundo lugar, y menos justificable aún, el gobierno ha aprovechado la difícil situación que todos estamos viviendo para arremeter contra el sector privado. En lugar de proteger a las empresas, en especial las pymes, que son las unidades productivas que generan riqueza y dan empleo, y las que harán que la economía pueda recuperarse en los próximos meses, el gobierno ha decidido avanzar sobre ellas.
Y proyectos normativos como el de reforma de la justicia penal que pretende el oficialismo, que hasta puede llegar a modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, fortalece aún más la gran debilidad que tiene nuestro país que es el cambio de las reglas de juego que garanticen la inversión y el ahorro que son las piedras fundamentales del empleo.
La demostración de esto es que se han multiplicado en forma exponencial, las consultas de inversores para radicar empresas en nuestro vecino país del Uruguay a quien, en cuanto a respeto y mantenimiento de las normas y reglas de juego, deberíamos prestar más atención.

Por eso es que nos encontramos en las calles el 17A, y nos volveremos a encontrar, tantas veces como sea necesario. Porque como desde el ’83, la sociedad todavía marcha en defensa de los principios, derechos y garantías constitucionales. Y recordando a nuestro querido Raúl Alfonsín, en aquellos momentos de la lucha por la recuperación de la democracia, hoy seguimos siendo esa “gente que lucha y marcha por la unión nacional, el afianzamiento de la justicia y para asegurar los beneficios de nuestra libertad”.

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