Critican que postulantes hagan campaña sin renunciar.

Dirigentes de la oposición denunciaron  que gran cantidad de recursos de la administración pública “ya están puestos a disposición de los candidatos del oficialismo para asegurarles un gran despliegue electoral, muchas veces ocultos en forma de actos de gobierno”. De todas formas, salvo la ética, nada los obliga. En rigor, los únicos limitados son los jueces, que deben renunciar si se presentan como postulantes.

No es la primera vez que sucede, y la pregunta siempre es la misma: el funcionario que al mismo tiempo es candidato, ¿debe tomarse una licencia para evitar que se diluyan las fronteras entre actos de gobierno y actos proselitistas? Los juristas no se ponen de acuerdo en la legalidad o no de la actitud de quienes siguen en un puesto oficial y en los fragores de la campaña.

 

En diálogo con esta Agencia, la diputada socialista Emma Bargagna opinó que “no es conveniente para nuestra sociedad y nuestra provincia que funcionarios con poder para disponer de fondos, bienes o derechos públicos, con potestad para otorgar subsidios, o  para designar o contratar empleados, continúen en funciones mientras estén en campaña electoral”.

 

A su turno, el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica radical (UCR),  Fuad Amado Sosa, afirmó a AIM que  está convencido que “los funcionarios deben tomarse licencia en el cargo”. Sobre quienes usufructúan de los dineros públicos para financiarse sus campañas, el radical señaló que “las candidaturas deben financiarse con dinero propio, de amigos o partido, por el límite que impone la ley”.

 

-¿Qué piensa de los anuncios de funcionarios que tienen la intención de “favorecer” las candidaturas?
-Cada uno es dueño de favorecer a quien crea conveniente apoyar, siempre y cuando sea tomando partido a favor de determinada persona y el apoyo debe ser solo ideológico, no volcando estructura y dineros públicos.

 

Consultado si los candidatos-funcionarios deberían tomar licencia o renunciar para evitar incompatibilidades y la autopromoción con fondos públicos, el dirigente consideró que “depende de cada uno y del lugar que ocupe, si maneja fondos públicos debe pedir licencia, salvo que crea conveniente renunciar, es muy personal la decisión y el marco de las incompatibilidades es la ley”.

 

Para botón,  basta una muestra
Ejemplos sobran: el gobernador, Sergio Urribarri, realiza permanentemente viajes a todo el país,  y tiene -según sus voceros- varias reuniones por semana. Aunque él mismo lanzó su precandidatura a la presidencia de la Nación, en los hechos, en la mayoría de los casos, Urribarri participa como gobernador cuando visita otras provincias y luego protagoniza actos políticos.

 

Otro caso es el ministro de Gobierno y Justicia, Adán Bahl: sin decir que es candidato, realiza reuniones políticas en toda la provincia cuando efectúa actividades institucionales. Como dice el dicho: mata dos pájaros de un mismo tiro.

Además, el director por los activos en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) Ariel De la Rosa anunció su precandidatura a intendente de Paraná, y aunque aseguró en conferencia de prensa que ya había elevado su renuncia a Urribarri y que el mismo día haría lo propio en el Directorio de la obra social, hasta ahora sigue en funciones.

Luego, el intendente de Maciá, Ricardo Troncoso, quien se postuló como candidato a presidente del Comité Provincial de la UCR, nunca abandonó sus funciones para hacer campaña.

El único que hasta ahora prometió pedir licencia sin goce de sueldo cuando formalice su precandidatura a gobernador de Entre Ríos es el intendente de Concordia, Gustavo Bordet.

Incompatibilidad de funciones
Frente a ese escenario, la eventual “incompatibilidad de funciones” entre los candidatos-funcionarios y el uso proselitista de recursos públicos destinados a los cargos despierta polémica en la sociedad, pero también en el mundillo político.

Si bien ninguna norma obliga a los postulantes a tomar licencia, los especialistas coinciden en que deberían hacerlo para evitar incompatibilidades y la autopromoción con fondos públicos, algo expresamente prohibido por el Código Electoral.

Nada los obliga, sólo la ética
De todos modos, nada obliga al postulante. En rigor, los únicos limitados son los jueces, que deben renunciar si se presentan como candidatos.

Una opinión con fundamentos
Consultada si conviene que el funcionario permanezca en funciones mientras está de campaña electoral, la abogada María Emma Bargagna explicó a AIM: “antes de contestar de lleno, es preciso efectuar una serie de consideraciones sobre la situación institucional en la que se encuentra nuestra provincia. Al hablar de funcionarios nos referiremos únicamente a aquellos que ocupan cargos ejecutivos con facultades y atribuciones para administrar o disponer de dinero, bienes y empleos públicos”.

Regímenes que informan la actividad del funcionario público en Entre Ríos
Muchos funcionarios del Poder Ejecutivo (e incluso de las municipalidades de la provincia) se postulan para participar como pre-candidatos y candidatos en las elecciones previstas para el año 2015. El caso más claro es el del gobernador de la provincia, cuya campaña presidenciable comenzó hace un año.

A raíz de esta decisión personal, el gobernador no informó oportunamente al Pueblo y declinó sus funciones constitucionales en el jefe de Gabinete, Hugo Ballay, en noviembre del 2013, lo que hasta ahora continúa siendo así, de modo que la provincia no está gobernada ni atendida por el mandatario sino por otra persona, que nadie eligió, ya que Urribarri está dedicado a su campaña electoral.

No está demás recalcar que la jefatura de Gabinete significó para el Estado entrerriano una sobrecarga de burocracia y gastos a las puertas del impuestazo (diciembre/2013) y una prohibida delegación del gobernador de poderes y atribuciones propias conferidas por la Constitución Provincial. “Si se cumpliera con el régimen que ordenan, entre otros, los artículos 37º (ética pública), 44º (responsabilidad personal por actos practicados fuera de sus atribuciones), 80º (compra por licitación pública bajo pena de nulidad) y las leyes que son derivación de estos mandatos o deberes constitucionales, entre éstas, la Ley 5140 (régimen financiero y de contrataciones del Estado y Ley de Obras Públicas, etc.) la situación sería otra. Pero ello, lamentablemente, no es así”, afirmó Bargagna.

En el sistema de republicano de división de poderes, cobran especial relevancia el Poder Legislativo como órgano que ejerce el contralor de los ingresos y egresos realizados por el Ejecutivo (art. 122 inc. 8 de la Constitución Provincial) y el Poder Judicial como responsable de examinar y condenar aquellos actos de los funcionarios que puedan constituir delitos de corrupción contra la Administración Pública.

Bargagna señaló que por otra parte, “los actos del funcionario ejecutivo en funciones deberían estar -sin excepción- controlados por el Fiscal de Estado, (responsable de defender el patrimonio de la Provincia y de ejercer el control de legalidad y de lesividad, art. 209º de la Constitución Provincial) y por el Tribunal de Cuentas, (órgano revisor de la correcta percepción e inversión de los caudales públicos, entre otras funciones específicas). Ambos fueron concebidos como ‘órganos autónomos’, precisamente para independizarlos de los intereses del Ejecutivo, circunstancia que en Entre Ríos lejos está de cumplirse”.

En otras palabras: si no se hubiera vaciado el discurso jurídico, de legalidad y de constitucionalidad, sería sumamente dificultosa la discrecionalidad porque se actuaría dentro de la ley, con control y transparencia. “Lamentablemente, otra es la realidad”.

Diagnóstico de situación 
Hoy no existe calidad institucional en Entre Ríos. Las normas vigentes son normas de facto, las que impone el poder. Normas que sobrevuelan y se distancian cada vez más de la Constitución y la Ley. La abogada precisó que “en ese distanciamiento entre la constitución que escribe el Poder y la constitución que escribió el Pueblo a través de sus convencionales, cobra relevancia la palabra decisiva del Poder Judicial, que es el intérprete de las normas de acuerdo a lo que le conviene al poder político. De este modo, el sistema penal, disciplinario, punitivo, investiga y condena a las capas más pobres y excluídas de la población pero perdonó a los responsables del vaciamiento del Estado, (caso Daniel Rossi, por ejemplo), actual funcionario de Santa Elena que se le permitió que fuese candidato y accediera nuevamente a la función pública. Los millones de dólares transferidos a Bancos del Uruguay, depositados en cuentas abiertas a nombre de su madre (una anciana pensionada y sin recursos propios) no fueron reclamados ni devueltos”.

En el interín se admitió que cumpliera con una inocua “probation” (concurrir a una escuela a prestar colaboración). De este modo, los funcionarios judiciales autores de esa decisión hicieron desaparecer el sentido ético de las sentencias para dar lugar a un mensaje contundente dirigido a la sociedad en su conjunto: el poder premia los actos de corrupción.

En cuanto a los responsables de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas también participan de este criterio, lo que determina que los funcionarios ejecutivos se sientan dueños de las cajas, de nombramientos y de los bienes comunes cayendo en la tentación del uso y abuso discrecional cuando las campañas electorales se ponen en marcha.

Bargagna recordó que “en relación a los bienes comunes o bienes públicos, el ejemplo más claro que podemos mencionar es el regalo a un particular, por el gobernador y el ministro de Gobierno (2005), del Balneario Público Los Arenales y la cerrada defensa de ese obsequio que hizo la Fiscalía de Estado (Claudia Mizawak y Julio Rodríguez Signes) permitiendo que Paraná quedara sin su mejor playa pública”.

Y por último, la cenicienta de los poderes, -en que se ha convertido el Poder Legislativo- ha desdibujado su misión y su rol hecho que permite al gobierno avanzar con el acompañamiento disciplinado y acrítico de ambas Cámaras.

No vamos a extendernos más en el diagnóstico, pero la realidad del deterioro de la calidad institucional en Entre Ríos se relaciona también con la baja calidad de la Educación y de la Escuela Pública, la ausencia de participación ciudadana y el deterioro de los partidos políticos, en su antigua condición de herramientas de expresión de la ciudadanía.

Estas fallas han generado un nivel de múltiples factores de violencia que atraviesan transversal y horizontalmente la sociedad de Entre Ríos. Por eso, “afirmamos una vez más que los entrerrianos, participamos de una realidad compleja, difícil, que exhibe un profundo deterioro moral. Esa complejidad y ese deterioro se profundizarán si no apelamos a la responsabilidad de cada uno puesta al servicio de una meta común cuyo norte sea recuperar la Ley y reconquistar mayores niveles de transparencia”.

No es conveniente
En ese contexto y bajo tales circunstancias, “a la sociedad entrerriana y al Estado Provincial no le conviene que sus funcionarios con atribuciones para administrar o disponer de fondos, bienes, empleos o contratos públicos continúen en funciones mientras intervienen o participan de campañas electorales.  En caso de aceptar ser precandidatos o candidatos, deberían renunciar o solicitar licencia sin goce de sueldo, alejarse de las cajas y de la atribución de designar o contratar personal”.

Ejemplos concretos
Existen varios casos recientes que convencen de la posición, a saber.

Reunión ordinaria del Consejo del Mercosur
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, sancionado por unanimidad de la Legislatura entrerriana, por la cual, en el artículo 1º) faculta al gobernador en campaña presidencial a utilizar procedimientos de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros, generar toda compra, acto u operación necesarios para realizar la Reunión del Mercosur que se llevará a cabo en Paraná, sin limitación alguna.

He aquí que, por autorización de esta reciente ley, la ciudadanía no puede saber cuánto gastará el gobernador de fondos públicos provinciales ni qué cantidad de fondos públicos aportados por la Nación (que son fondos de los entrerrianos y del resto de los argentinos).

Bargagna denunció que “no se sabe qué va a hacer el gobernador en campaña presidencial con esa libertad sin límites. No se sabe cuál es la empresa agraciada por mandatario con la obra pública. No se sabe cuál es la empresa beneficiada por el gobernador con la contratación de servicios”.

El articulo 4º de esa Ley expresamente establece: “cuando razones de conveniencia así lo justifiquen, la autoridad competente (el gobernador) podrá autorizar anticipos o adelantos financieros al contratista o proveedor, los que se amortizarán por las respectivas facturaciones que se emitan”.

Estas facultades excepcionales el mandatario las podrá delegar (art. 5º) en una Unidad Operativa creada bajo la forma que su libre imperio le aconseje (y que ya estaba funcionando al momento de sancionarse la norma) quedando también facultado para “delegar prerrogativas atribuídas, incluídos los pagos”.

El sistema creado por esta normativa (hoy Ley de la provincia) es de altísima vulnerabilidad y discrecionalidad. No es necesario abundar en detalles.

Frente a esto, el Fiscal de Estado guardó absoluto silencio. Por su parte, debido al tenor de las normas enunciadas, el Tribunal de Cuentas sólo examinará las facturaciones, pero no podrá controlar el modo de contratación, las cantidades, los precios, los honorarios, porque la suma del poder discrecional le ha sido conferida al mandatario en campaña presidencial, es decir, a un gobernador que precisa fondos para amortizar la campaña que por cierto se calcula en un costo de varios millones de pesos, (en parte ya gastados). El que pierde es el pueblo, asfixiado por los impuestos.

Designaciones y contratos
El otro costado que hace inconveniente que el funcionario del poder Ejecutivo ejerza su función y a la par esté en campaña es la posibilidad del uso discrecional de la atribución de nombrar empleados o contratar personas para que trabajen dentro del Estado.

El artículo 42º de la Constitución Provincial establece que una ley determinará “las bases y tribunales administrativos para regular el ingreso, los ascensos, remociones, traslados e incompatibilidades”. Para su aplicación, a esa ley debe reglamentarla el gobernador.

La abogada destacó que “esta reivindicación de justicia laboral, permitiría que se termine el manoseo de la gente dentro de la administración pública. Que fueran los meritorios quienes ascendieran a través de concursos transparentes y que el Estado mejorara en la calidad de sus servicios. Sin embargo, no existe voluntad en el gobernador de la provincia de reglamentar la ley 9755 cuya vigencia está ordenada por la Constitución”.

Y esto es por una razón muy simple: porque las designaciones, ascensos y contrataciones son utilizados discrecionalmente para sumar voluntades y apoyo político a campañas electorales.

En un reciente dictamen, el departamento Personal del ministerio de Salud expresó: “…dada la falta de reglamentación de la Ley 9755, este departamento entiende que las recategorizaciones del Personal de Planta Permanente del Escalafón General son una facultad discrecional del Poder Ejecutivo Provincial”. (Expte. 1.572.676 – Dictamen del 1 de setiembre de 2014).

Si bien Bargagna recordó dos ejemplos concretos del peligro que entraña tener poder y estar en campaña, admitió que “hay muchos otros, porque, como señalé, la trama del poder es más compleja, pero para empezar, tenemos suficiente. En definitiva: no es conveniente para nuestra sociedad y nuestra provincia que funcionarios con poder para disponer de fondos, bienes o derechos públicos, con poder para otorgar subsidios, con poder para designar o contratar empleados, continúen en funciones mientras estén en campaña electoral”.
De la Redacción de AIMurri-carteles-300x199.jpg(campaña)

 

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