Sin avances en el proyecto de ley de agroquímicos.

El Senado  de Entre Ríos tiene en carpeta un proyecto que busca avanzar sobre la regulación de los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, la agroindustria y la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones. La iniciativa, que sostiene preocupaciones, como  “el control” y las “zonas de resguardo”, no ha tenido avances significativos desde que fue presentada, en agosto pasado.

El 3 de julio, con una radio abierta en la explanada de la Casa Gris, organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales realizaron una intervención para informar sobre el proyecto de Ley que trataba el Senado de Entre Ríos sobre uso de agroquímicos en la provincia, para sensibilizar a la población y advertir a los legisladores que la iniciativa no tenía licencia social. “Pudimos frenar su tratamiento, aunque no es garantía de nada porque el Cuerpo tiene mayoría absoluta y puede tratarlo cuando quiera”, advirtió a AIM  el coordinador del programa de extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, Luís Lafferriere.

 

El Foro Ecologista de Paraná fue uno de los primeros en cuestionar a los senadores Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, autores de la iniciativa, al considerar que el proyecto amenazaba “la vida en nuestra provincia”.

 

El proyecto original presentado por los senadores, disponía que la distancia mínima de fumigación debía ser de 500 metros, pero el texto lo reducía drásticamente: 100 metros la distancia para pulverizaciones terrestres, y  200 para las aéreas.

 

Marcha atrás y nuevo proyecto
El 4 de julio, el bloque oficialista de Senadores explicó en un comunicado a la población por qué dio marcha atrás con la ley que regula el uso de los Agroquímicos en la provincia, lamentó no haber  avanzado con la normativa, se quejó de haber sido “maltratado” por los activistas ambientales en las declaraciones a la prensa y aseguró que se abriría una “nueva convocatoria” para todo aquel que quiera hacer aportes.

 

Pero el 27 de agosto, en la en la décima segunda sesión ordinaria del 135 período legislativo, ingresó al hemiciclo de la Cámara Alta y fue girado a comisión otro proyecto del senador César Melchiori (FPV, Islas) para resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales, teniendo en cuenta los enfoques precautorio y preventivo, por lo que se establecerá el marco jurídico de los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, la agroindustria, la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento.

 

La iniciativa -que se basa fundamentalmente en el principio precautorio de la Ley General de Ambiente-, limitará la utilización de productos químicos y biológicos para la producción; generará un registro de los productos de venta autorizados; prohibirá el entierro y la quema de restos o envases de productos químicos o biológicos, las pulverizaciones aéreas de los productos y la introducción, tránsito, fabricación, formulación, fraccionamiento, distribución, comercialización uso y aplicación, en el territorio provincial.

 

Además, restringirá las aplicaciones terrestres de productos químicos o biológicos en el área que abarque los 1000 metros desde los cursos de aguas y sus nacientes, lagos, lagunas, estuarios, embalses y fuentes de aguas destinadas para uso o consumo humano o animal.

 

Sin embargo, a tres meses de su presentación, “no hay novedades de su tratamiento en comisión”, confirmó a AIM una fuente del Cuerpo.

 

En Santa Fe, algo similar
La multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe integrada por la comisión de Salud y Ambiente de la CTA Santa Fe, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas, presentaron el 30 de mayo de 2013, un proyecto de modificación a la Ley Provincial 11.273 de Productos Fitosanitarios.

 

El proyecto recepta en gran parte las prevenciones y advertencias sobre las implicancias de los agroquímicos en el medio ambiente y la salud humana que surgen de estudios científicos realizados por investigadores independientes y de dictámenes y recomendaciones emitidas por las principales universidades públicas del país (UNL, UNR y UNC) y otros órganos como la Defensoría del Pueblo de la Nación.

 

Así también contempla acertadamente las directivas de la Comunidad Europea en materia de aplicaciones aéreas de agroquímicos y criterios jurisprudenciales de resoluciones judiciales importantes que se han dictado en el país recientemente en relación a la actividad agroquímica.

 

Los puntos centrales de la reforma
1.- Prohibición de las aplicaciones aéreas de agroquímicos, salvo la realizada con fines sanitarios con el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria y medioambiental.

 

2.- Individualiza los sectores de protección o “zonas sensibles”: plantas urbanas, establecimientos educacionales rurales, parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas.

 

3.- Limitación de las aplicaciones terrestres de agroquímicos, fijando una distancia de 800 metros de las zonas sensibles.

 

4.- Protege las escuelas rurales fijando una zona de resguardo libre de agroquímicos de 1000 metros.

 

5.- Prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clases toxicológica II (Banda amarilla – Producto Moderadamente Peligroso – Nocivo) dentro de un área de mil quinientos (1500) metros  de las zonas sensibles.

 

6.- Prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a y I b dentro del área de 3000 metros de las zonas sensibles.

 

7.- Crea la receta agronómica confeccionada por Ingeniero Agrónomo por triplicado como requisito para la venta de productos fitosanitarios.

 

8.- Prohíbe la venta y uso libre de todos los productos fitosanitarios aplicados en la actividad agroquímica.

 

9.- Prohíbe  el tratamiento mediante productos pesticidas o insecticidas en camiones y/o vagones ferroviarios de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de éstos.

 

10.- Prohíbe la venta libre y la utilización de: Fosfuro de Aluminio, Fosfuro de Magnesio, Fosfina, Bromuro de Metilo

 

11.- Prohíbe las aplicaciones de productos agroquímicos en banquinas ubicadas en los ejidos municipales y/o comunales como así también en las rutas provinciales y rutas nacionales que transiten por la provincia.

 

12.- Prohíbe la utilización de agroquímicos y pesticidas  en plantas de acopio, en silos campos, silos bolsa, plantas de acondicionamiento de granos, plantas de terminales portuarias dentro de la zona urbanizada ni a una distancia menor a 800 metros del límite de éstas.

 

13.- Prohíbe el reciclado o reutilización de los envases de agroquímicos para cualquier otro tipo de actividad.

 

14-  Promueve políticas de fomento en áreas suburbanas y en las zonas de prohibición de aplicación de agroquímicos, producciones alternativas Agroecológicas, que aseguren una producción sana, promoviendo el mercado local y regional

 

Sin avances en la vecina orilla
Al igual que ocurre en Entre Ríos, no hubo avances significativos en la iniciativa presentada en Santa Fe. Tal es así que el 23 de octubre pasado, más de un centenar de vecinos autoconvocados de pueblos fumigados se dieron cita frente a la Casa de Gobierno santafesina para reclamar al gobernador, Antonio Bonfatti, una serie de medidas relacionadas a la utilización, manejo y transporte de químicos agrarios.

 

También marcharon hacia la Legislatura para solicitar a los diputados que aborden el proyecto de ley que regula la utilización de agrotóxicos para disminuir el impacto del modelo agroindustrial sobre la población.
De la Redacción de AIMsenado-29-de-julio-300x176

 

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