Entra en vigencia el impuestazo en Entre Ríos y podría haber una rebelión fiscal.

Este miércoles comienza a regir la reforma tributaria que dispone aumentos en los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales, automotores, en actividades productivas y de ocio, a servicios  públicos y al acceso a la justicia. Desde diversos sectores advirtieron que la implementación de la norma generará más inflación que en el resto del país, se reducirán puestos de empleos, habrá pérdida de competitividad, paralización en la economía y se pondrá en riesgo la actividad de los pequeños productores.  

En la madrugada del 18 de diciembre los senadores de Entre Ríos convirtieron en Ley el impuestazo definido por el gobierno como la ‘reforma tributaria’, proyecto que unas horas antes había sido aprobado por la Cámara de Diputados y que fue promulgado y publicado en menos de 24 horas de ser sancionada, el 19 de diciembre en el Boletín Oficial 25366-235/13.

EL proyecto, que fue presentado por el Poder Ejecutivo y que se manejó con total hermetismo hasta el día de su tratamiento, fue legitimado por la complicidad de los gremialistas obsecuentes de la Centra de Trabajadores de la Argentina (CTA) Entre Ríos y de gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes decían que sólo se iba a gravar a los sectores más concentrados de la economía, pero omitieron que la suba de los impuestos alcanza a todos los comercios y empresas, a actividades como el turismo que no estaban gravadas y a todos los propietarios de inmuebles o vehículos , entre otras actividades.

El objetivo, según los senadores -que recién luego de la sesión se pudieron agenciar del proyecto ya que solidariamente el presidente de la bancada, Erique Cresto, solicitó por secretaría que se haga copia para que cada uno de los legisladores “lo lleve como bandera a sus departamentos”- es que quienes se beneficiaron del modelo paguen más para colaborar en el pago de los sueldos de quienes se ‘sacrificaron’ durante kirchnerismo, que son los empelados públicos.

Sin embargo, en la sesión, Cresto tuvo un destello de sinceridad en defensa apologética del proyecto, ya que afirmó: “hoy tocamos intereses de algunos de los sectores más beneficiados  con este gobierno con la transformación de la provincia de Entre Ríos”, pero aclaró que “no sólo tocamos a los que más tienen, sino que acá se votan impuestos donde al que menos tiene se le cobra un poquito más, pero se les cobrará”, según registró esta Agencia.

Alcances del impuestazo

La  norma dispone aumentos en los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano que van de entre un 20 y un 30 por ciento y subas en la alícuota general del impuesto sobre los Ingresos Brutos, en hotelería, restaurantes, transporte, automotores, servicios de internet y cable, industria farmacéutica, productos para la producción,  insumos para la construcción, venta de usados e inmuebles, operaciones comerciales y bancarias, para el acceso a la justicia y a los juegos de azar.

Precisamente, la Ley crea un nuevos adicionales para los impuestos inmobiliarios urbano y rural y para los automóviles familiares, rurales, ambulancias, fúnebres, jeeps y similares de origen nacional o importados, tanto de uso utilitario como recreativo, que van de un 20 a un 30 por ciento, para financiar la seguridad social.

Por otro lado, se estableció un 4 por ciento la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para micro, pequeñas y medianas empresas y a empresas prestadoras de los servicios de electricidad y gas natural y del 5 por ciento para contribuyentes cuya sede se encuentre fuera de la provincia.  Además, la noma volverá el aporte del 3 por ciento de la Ley 4035; eliminará la exención a cooperativas y las mutuales y estableció un 2,5 por ciento de impuestos para el autotransporte urbano y suburbano de pasajeros por colectivo y los transportes escolares.

Asimismo, se gravará a las actividades primarias como la agricultura, ganadería, caza ordinaria o mediante trampas, la silvicultura y extracción de madera, la pesca, la explotación de minas de carbón, el petróleo crudo y gas natural con un impuesto del 1 por ciento; en tanto, los servicios relacionados con las actividades primarias, prestados por contribuyentes directos o con sede en la provincia, según Convenio Multilateral, pagarán un 3 por ciento; y las prestados por contribuyentes con sede en otras provincias un 4 por ciento.

Por otro lado, se cobrará un 3 por ciento a las emisiones de televisión por cable, codificadas, satelitales de circuitos cerrados y toda otra forma que haga que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados; un 7 por ciento a la telefonía móvil; y un 6 por ciento servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos o cualquier otra información (Internet).

‘Entre Ríos, una tierra diferente’, aplicará también impuestos provinciales para viajar y visitar la provincia, ya que la norma establece que los hoteles, hosterías, hospedajes, comedores y restaurantes, pagarán un 3,5 por ciento; y las agencias o empresas de turismo, comisiones, bonificaciones o remuneraciones por intermediación un 6 por ciento.

Otra de las innovaciones de la reforma tributaria es que cada premio que se abone en los juegos de tómbola, lotería provincial y bingos deberá abonarse el Impuesto a los Juegos de Azar y también se cobrará un gravamen por el cambio de dinero por fichas, tickets o similares presentados al cobro, que efectúen los casinos, salas de juegos u otros establecimientos de juegos.

Inflación y rebelión fiscal

Por otro lado, lejos de la obsecuencia de la CTA encabezada por Luís Gallígo y  Sergio Elizar  -a la que responden Miguel Ángel Pelandino de  la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el  secretario general de la Asociación gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Fabián Peccín- desde la Regional de la CTA se despegaron del proyecto y aclararon que la iniciativa respaldada por el gremialismo oficialista es “funcional al gobierno”.

Al respecto, el secretario general de CTA Paraná, Ricardo Sánchez, recordó a esta Agencia que “no fue consensuado y surgió en Congresos impugnados”, pero más allá de las cuestiones de forma, el dirigente destacó que la iniciativa “le hace el juego al gobierno, porque corre de eje lo que se debería discutir realmente”. En ese marco, precisó que el gobierno de Entre Ríos “debe recuperar la coparticipación federal, ya que cada vez se pierden más recursos en manos del Estado nacional, que significa menos escuelas, menos salud, menos políticas contra la violencia de género y menos políticas para la niñez, es decir, más derechos sociales vulnerados por una definición política servil y obsecuente”.

Además, indicó que “no se le puede dar un nuevo cheque en blanco al gobierno, porque quedó demostrado que cuando recauda más no lo destina a los trabajadores, ni a las políticas públicas”, y remarcó: “acá no está nada garantizado que lo recaudado por ingresos brutos no sea trasladado a los precios de productos y servicios y repercuta aún más incrementando la inflación que la pagan los trabajadores y desocupados en un contexto de desigualdad social muy diferenciado”.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, indicó a esta Agencia que reforma tributaria que aprobó el gobierno provincial, “tendrá un impacto muy grande en los pequeños y medianos productores tanto en el pago del IIR como en la compra de insumos, ya que se había advertido que la baja rentabilidad del sector, tanto en agricultura como en ganadería, no resistía un nuevo aumento”. En ese marco, el federado adelantó que “no se descartó ninguna medida de protesta desde rebelión fiscal para abajo y, fundamentalmente, trataremos de juntarnos y ver cómo se encara multisectorialmente el tema”.

Pérdida de competitividad, paralización en la economía

Además, diez y siete organizaciones integrantes del Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos redactaron un duro documento, al que accedió AIM, en el que rechazan “la reciente reforma tributaria aprobada, que  generará pérdida de competitividad, paralización en la economía provincial, desinversión, más desempleo y el fomento de la actividad informal, lo que se traducirá en un mayor descontento social”.

Las entidades que integran el Foro critican fuertemente la reciente reforma tributaria aprobada por el gobierno, y consideran “que  generará pérdida de competitividad, paralización en la economía provincial, desinversión, más desempleo y el fomento de la actividad informal, lo que se traducirá en un mayor descontento social”.

El texto expresa el convencimiento de que “el único camino para conseguir el desarrollo es lograr una mancomunidad entre la acción del Estado regulando, controlando y brindando bienes públicos; las empresas privadas invirtiendo, produciendo, generando puestos de trabajo e innovando; y la población estudiando, formándose y trabajando con tesón y responsabilidad”. “Es deseo de este Foro colaborar en todo lo que esté a su alcance a efectos de reconstruir la concordia entre todos los habitantes de la provincia a través de la vigencia plena y efectiva de sus instituciones”.

Fuente: Redacción  de la Agencia de Informaciones Mercosur (AIM).

 

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