Ley de Medios: Clarín explicó la “falta de sustentabilidad” y el Estado dio cuenta de la aplicación de la norma.

La Corte Suprema de Justicia escuchó este jueves los argumentos del Grupo Clarín y del Estado nacional en torno a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los abogados del multimedios debieron responder preguntas sobre la alegada «falta de sustentabilidad» en caso de que se apliquen las cláusulas antimonopólicas de la norma. «Si la libertad de expresión requiere un volumen económico, ¿qué ocurre con los demás grupos?», inquirió el Alto Cuerpo. En tanto, las consultas a los representantes del gobierno se dirigieron hacia la aplicación del resto de la ley que no fue judicializada, la cuestión de los «derechos adquiridos» y los motivos de los límites a la multiplicidad de las licencias.La segunda jornada de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para tratar la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Medios comenzó a las 10. El presidente del Alto Cuerpo, Ricardo Lorenzetti, anticipó esta mañana que tenían previsto realizar «unas 50 preguntas» a los referentes de ambas partes. Fueron finalmente 17 preguntas para Clarín y 33 para el Estado.

Los abogados del multimedios María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino debieron responder especialmente sobre la relación entre la alegada falta de sustentabilidad de la empresa y la afectación a la libertad de expresión, en caso de que la ley entre en vigencia plena. «El régimen de multiplicidad de licencias afecta la escala y el alcance delGrupo«, señaló Cassino, al referirse a los artículos 45 y 48 de la norma.

«Cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones y si se reduce la escala no se puede mantener la estructura tecnológica», arguyó el letrado, para explicar por qué seClarín se opone a la regulación de licencias. «Si se altera la red actual, la sustentabilidad del Grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país», profundizó Carrió.

Cassino sostuvo que «al no existir certeza sobre la extensión de la empresa y el plazo de sus licencias no se puede acceder a créditos». La afectación sobre la libertad de expresión, que fue el eje de varias de las preguntas de los ministros de la Corte, fue apuntada por el abogado al señalar que «si se reduce la audiencia, se reducen los ingresos y así la empresa no va a poder subsistir en forma competitiva».

Luego fue el turno del Estado. La abogada Graciana Peñafort fue la que tomó la respuesta a la mayoría de las consultas, que se dirigieron a los límites a la multiplicidad de licencias del artículo 45. Indicó que el Grupo Clarín «tiene la posición dominante y marca precio» y que “la concentración económica que llevó adelante esta empresa, no sólo no cumple esta ley, tampoco cumplía la anterior”.

Ante la consulta sobre cómo la desinversión favorecería la competencia, dijo que las “capacidades ociosas y de prácticas predatorias de Clarínimpiden el ingreso de nuevos competidores”. Luego debió responder sobre el decreto de necesidad y urgencia de 2005 que suspendió el cómputo de las licencias por diez años, ante lo que expresó que «era necesaria la ratificación del decreto para la aplicación de la ley, porque nadie estaría interesado en una licencia que dure poco tiempo».

En tanto, el director de Gestión, Administración y Desarrollo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Daniel Larrache, comentó que se presentaron a la adecuación 29 grupos de medios. Subrayó que el «único» grupo que no lo ha hecho esClarín. Sin embargo, durante las respuestas de los abogados del Ejecutivo se hizo notar la falta de un relevamiento técnico sobre la cantidad de licencias existentes y el número exacto de pliegos adjudicados a organizaciones sin fines de lucro.

El punto en el que mayor intercambio hubo entre la Corte y el Estado fue el referido al «derecho adquirido» y la «temporalidad» de las licencias. Los representantes del gobierno mencionaron que las licencias no generan derechos adquiridos, que tienen un límite de tiempo y que deben estar vinculadas siempre con el interés común. No obstante, aclararon que «no es una facultad discrecional» del Estado retirar esas licencias, al tiempo que «no pueden ser un privilegio ilimitado», publicó Página/12.

Peñafort afirmó que «el objetivo de la ley no fue reducir la cantidad de licencias de Clarín, sino tener un mercado desconconcentrado» y sostuvo que «la libertad de expresión es un valor simbólico que requiere una legislación anterior a que se produzca la vulneración».foto0_1_189931_1

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