Prohíben que represores condenados o procesados reciban atención en hospitales militares

La resolución 85/2013 prohíbe “el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran condenados penalmente o procesados con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar”.e_1347954408

Tras la fuga de la semana pasada, el Gobierno prohibió que represores condenados o procesados reciban atención en hospitales militares. La medida fue firmada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, luego de que se conociera que los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi se habían fugado del Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires.
Hoy, en el Boletín Oficial salió publicado la resolución 85/2013 la cual prohíbe “el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran condenados penalmente o procesados con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar”.
La medida, añade la resolución, “alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas”.
“Todo requerimiento de carácter judicial de internación o asistencia médica, vinculado a la situación de procesados con prisión preventiva o condenados penalmente y que sea dirigido a esta jurisdicción, deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas o disciplinarias”, completa el texto que lleva el sello de Rossi.
El ministro, explicó ayer que «adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio para evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada», en relación con la fuga de dos represores, Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi, del Hospital Militar Central, ubicado en Luis María Campos al 700. El Gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien pueda aportar datos fehacientes de ambos.
Ayer, además, se informó que los ministerios de Defensa, Salud y Justicia y DDHH firmaron un convenio para crear un organismo que determinará si deben continuar internados en los centros de salud de las Fuerzas Armadas.
El titular de Defensa explicó que el informe de dicha evaluación «será elevado a la Justicia, para determinar si aquellos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes».

FUENTE: EL ONCE

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